En el texto “Un futuro para el socialismo” Roemer describe que las economías socialistas fracasaron por basarse en la planificación centralizada.

La planificación es un sistema que genera problemas: es dirigido con demasiado rigor (está controlado por organismos estatales estrictos con programas petrificados y no tiene capacidad adaptativa), carece de incentivos  y no tiene capacidad de movilidad (por falta de competitividad). Los regímenes del Este, sus estados, ejercían un poder excesivamente estricto, petrificado,  restrictivo, totalizante y totalitario sobre lo económico (además de lo político y social). Dicho modelo económico  provoca dificultades para ajustar cuentas en las empresas estatales y hace que sean menos viables.

Las economías planificadas teóricamente fomentaban que la producción se dirigiese bajo el principio del bien de todos.  Los dirigentes socialistas decían que procuraban que los trabajadores colaborasen o se comportasen en la producción pensando en el bienestar general.  Sin embargo, la mayoría de la gente no se sintió  motivada a servir a la causa del bien público exclusivamente y se dedicaba a procurarse sus intereses materiales particulares.  Era un tipo de  trabajo seguro, en el que los empleados no vislumbraban una recompensa inmediata y apreciable al duro esfuerzo.  Carecían de incentivos suficientes como para estar dispuestos a producir el máximo posible.  Si daba igual trabajar mucho o lo justo (incluso el mínimo esfuerzo) porque no había diferencia de retribución (no se ofrece incentivos positivos) y porque no había riesgo a sanciones (no había incentivos negativos), entonces los productores no tendían a la productividad.

En un sistema de salarios rígido e inamovible, sin que permita la recompensa por méritos, los trabajadores se ven sin motivación para mejorar o para realizar sus tareas de la forma más óptima.  No se tienen en cuenta las eventualidades resultantes de los factores humanos, ni siquiera las eventualidades de cualquier tipo.  Los planes son estrictos y con una visión cerrada de las posibilidades.  Se cierra a las posibilidades mejores y no es posible que los gestores viesen cómo alcanzar mejoras de la forma más precisa.  No tenían en cuenta la posibilidad de errores, ni tenían presente el comportamiento, inquietudes y motivaciones reales de las personas trabajadoras.

Son necesarios los incentivos, sobre todo los incentivos positivos.  Incluso en el capitalismo se usa más los incentivos positivos, dado que la posibilidad abierta a promoción en las empresas privadas, con aumentos salariales, hace que los trabajadores busquen hacer carrera en la empresa y se esfuercen por conseguir méritos, produciendo más.  En una economía socialista, si se quiere procurar que los trabajadores se sientan motivados y que interioricen la productividad, se deben dar incentivos de tales características (promociones, puestos de trabajo con tareas menos costosas o atractivas, mejores condiciones u otras características deseables).  De esa manera, los trabajadores contribuirían a mejorar la producción de las empresas socialistas por puro interés personal, por considerar que va a conseguir más recursos para sí mismo.

Otro problema generado por la economía planificada, es que la falta de competitividad producía que no hubiese diferentes empresas dedicadas a la investigación tecnológica y que procurasen ir a ritmos acelerados en sus descubrimientos con el fin de ganar a una competencia inexistente.  El desarrollo tecnológico solo disponía de la fuente estatal, que carecía de la necesidad de conseguir innovación tecnológica a alta velocidad (no existía la presencia de rivales a los que hubiese que adelantar).

Existía falta de innovación tecnológica en el bloque del Pacto de Varsovia durante la posguerra por la falta de información sobre productos industriales vanguardistas y solo se contaba con una versión petrificada bajo un único modelo (el del estado). Y el estado, además, destinaba a sus mejores ingenieros y científicos a la investigación militar.  En un sistema de tales características no era posible la gratificación en el consumo de productos de calidad y, así, no proporcionaba una oferta atractiva como para que el consumo fuese atractivo y en grandes proporciones.  Todo ello generó problemas en el crecimiento y desarrollo de la economía de los países del Este, generando problemas importantes en su situación material y social.

Roemer entiende que el colapso del bloque del Este es una oportunidad para buscar otros modelos de socialismo más allá de la planificación estatal y se introduce en el debate inciado por Lange y Hayek acerca de la posibilidad de la construcción de un socialismo de mercado.  Por un lado, Lange entendía que la teoría neoclásica de los precios demostraba la posibilidad de combinar plan central y mercado.  Por el otro, Hayek tenía una visión opuesta a Lange y entendía que la planificación subvierte el núcleo que da vitalidad a la economía).  Comienza indicando que las críticas que se realizaron contra la planificación son demasiado precipitadas, dado que las propias grandes empresas privadas son organizaciones centralmente planificadas (sus transacciones internas no están mediadas por un sistema de precios) y están dirigidas de forma centralizada por ejecutivos contratados para representar las intereses de los accionistas.

La empresa privada no funciona exactamente bajo el mando de los propietarios, de hecho reciben apoyo y ayudas de instituciones públicas y de otra índole.  Por tanto, no se puede decir que el desarrollo económico sea resultado de un limitado número de personas inversoras, sino que es una cuestión en la que puede haber intervención pública y es resultado de una acción colectiva (todas las personas participantes en la empresa, aunque no sean directivas y tengan poder de decisión).  Gracias a las actuaciones colectivas no cooperantes en las empresas y la ayuda de otras instituciones, el mercado se convierte en un entorno que permite el desarrollo de la economía.

Si la economía capitalista solventa sus problemas y se organiza por medio de instituciones ajenas a ella, entre ellas cierta intervención pública y coordinación colectiva, entonces es posible el diseño de un socialismo dentro de una estructura de mercado.  Si organizaciones ajenas a las empresas, como el estado y los consumidores, afectan a las empresas privadas, es viable el que organizaciones sociales puedan controlar las empresas y desenvolverse en el mercado sin perjudicar la economía.

Lo descrito indica que quizás sea probable que organizaciones socialistas, colectivos sociales, sindicatos y asambleas obreristas, puedan tomar el poder de las empresas y gestionarlas sin que sean propiedad del estado y bajo el seguimiento de un programa de planificación, sino en un libre mercado en la que las empresas no sean de propiedad privada (o al menos no están sujetas a la dominación de la clase propietaria de los medios de producción).

Según Roemer son potencialmente posibles diversos tipos de mercado.  La cuestión que plantea el autor es si es posible una mejor distribución de los recursos, esto es, si hay modos de realizar reasignación de beneficios de forma que sea más igualitaria (en un socialismo de mercado).   Roemer va a describir como se puede conseguir la igualación de las rentas, la eliminación de formas de dependencia, subordinación y dominación en otro modelo socio-económico, en una estructura económica y social diferente, no existente, pero que bajo su criterio es teóricamente viable.

El nuevo modelo, tendrá como estructura la economía de mercado, pero en la que se consigan los objetivos del socialismo (tal como los entiende Roemer).  El objetivo del socialismo es el logro de la igualdad de oportunidades al acceso de: 1) la autorrealización (es decir, acceso a medios que permitan el desenvolvimiento de las inquietudes personales, fuera de la imposición de tareas ajenas a cada individuo o alienantes) y procurar unos mínimos de bienestar (acceso a recursos que permitan la subsistencia y la calidad de vida), 2) influencia política, y 3) estatus social.

Una sociedad socialista no tiene por qué procurar la igualdad de bienestar, sino la igualdad de oportunidades que permitan el logro del bienestar.  Según Roemer, si el estado procurase la igualdad de bienestar tendría como objeto el procurar unos proyectos que requieren el esfuerzo de los individuos. Roemer pone el ejemplo del objetivo de subir la montaña del Everest, la sociedad no ha de procurar dinero o medios a todas las personas para que puedan llegar a hacerlo, sino dar las oportunidades para que pueda llegar a alcanzar con el esfuerzo y trabajo de las personas interesadas a cumplir su objetivo.  Es una igualdad de oportunidades de bienestar que impone una responsabilidad de elegir objetivos de bienestar razonables.

La sociedad socialista ha de permitir una mayor capacidad (opciones) para que las personas puedan realizar sus proyectos vitales en igualdad.  Ha de procurar que las personas puedan tener posibilidad de influir políticamente y alcanzar estatus sociales (cargos de trabajo, de gestión de recursos y políticos en distintas graduaciones de responsabilidades y reconocimiento).

Solo habrá igualdad de oportunidades real en el caso de que no haya minorías dominantes que acaparen el poder económico, político y social, y que, por tanto, impidan a otros grupos sociales (a personas de otras clases) el acceso a recursos, poder y medios.  Por ejemplo, la propiedad o el poder que tienen las clases altas de los medios de producción o subsistencia, su acaparación, obliga a los desposeídos a trabajar para las clases altas porque no disponen de los recursos que son producidos por los medios de producción y se tienen que plegar a las condiciones establecidas por los empresarios, al depender de ellos.

Roemer entiende que se ha de construir una sociedad igualitarista que no impida a grupos sociales el acceso a los medios que permitan la autorrealización,  el bienestar, la capacidad para ejercer cierto poder político y la posibilidad a mejorar nuestra condición social (estar en cargos que gocen de reconocimiento).  Se tiene que buscar (o imaginar) un modelo socio-económico o estructura económica, política y social que permita el cumplimiento de los objetivos del socialismo (tal como lo define Roemer).  Dicho modelo cuya producirá y distribuirá bienes y servicios en unas relaciones sociales igualitarias.  En ellas no se impedirían las oportunidades a la obtención de la autorrealización, el bienestar y la promoción o elevación a cargos honoríficos.  Roemer busca una sociedad sin jerarquías, sin formas de dominación ni de dependencia o subordinación, y en igualdad de oportunidades.

Desde Marx, se ha entendido que la injusticia del capitalismo está localizada en la explotación y que la fuente que da origen a la explotación es la propiedad privada de los medios de producción (por estar acaparados por una minoría que obliga a la mayoría a aceptar sus condiciones y distribución, al tener en poder los medios necesarios que crean los recursos, permitiendo que se pague un sueldo y no que se pague lo que las personas trabajadoras producen).  A partir de entonces, los marxistas han concluido que se ha de eliminar la propiedad privada y el marxismo-leninismo ha interpretado que la abolición supone su sustitución por una propiedad estatal de los medios de producción.

Ya se ha descrito que el autor es crítico con respecto a la economía planificada estatal (provocó el colapso del bloque del Este, según Roemer) y por ello defenderá que se deben buscar otros modelos de estructura económica-social.  Roemer entiende que dicho salto a la planificación no es necesario: se puede sustituir la propiedad privada por otros tipos de propiedad.  Hay muchas formas por medio de las cuales el público (la gente) puede tener cierto control sobre las empresas (de forma que él lo domine y no al revés) y superen los fallos del mercado convencional.  Por ejemplo, las organizaciones de consumidores pueden ofrecer información aproximada de la cantidad y calidad de los bienes y servicios que necesita la población, lo cual permitiría una oferta realista y adecuada.  A partir de lo expuesto, Roemer tendrá que describir los modelos alternativos a la propiedad estatal, que él ha encontrado en las distintas formas de socialismo de mercado.

La historia del socialismo de mercado surge a partir de las décadas de los años 30 y 40, a partir de los textos de Hayek y Lange.  Durante ese período Hayek descubrió que el socialismo necesitaba el sistema de precios para llevar la contabilidad del cálculo económico. Más adelante, describió que se podría calcular los precios que permitiesen el equilibrio general en una economía socialista resolviendo un complicado sistema de ecuaciones simultáneas por medio de ordenadores potentes.  Lange respondió que los mercados reales son necesarios para lograr el equilibrio general socialista (una agencia central de planificación no podría realizar el cálculo, dado el volumen de la información requerida).

Una cuarta fase del desarrollo del socialismo de mercado fueron las reformas del mercado en los países de economía socialista: Yugoslavia después de 1950; Hungría después del Nuevo Mecanismo Económico de 1968; China con las reformas que empezaron en 1978 y la Unión Soviética a partir de 1985. Todos los experimentos no eran de socialismo de mercado tal como lo había planteado Lange, dado que los precios no eran libres, no se permitió que la competencia modificase la conducta de empresas estatales, ni se permitió la competencia en el mercado internacional y había todavía cierta planificación.

Había control de precios y presencia de instrucciones generales en asociaciones industriales en la URSS y los países del pacto de Varsovia; había planes indicativos en ramas industriales en Hungría e influencia sobre los precios indirecta por medio de impuestos, o por asignar tasas de interés para créditos de inversión diferenciadas por sectores; existía planificación indicativa en Yugoslavia; y el sistema chino era de planificación cooperativista: se combinaba la autonomía de las comunas con una planificación central mediante planes indicativos y centralización de las compras de lo producido por organismos comerciales estatales.

Incluso el modelo yugoslavo, que tenía ciertas características del modelo de socialismo de mercado, tenía formas de control centralizado.  En Yugoslavia había una red de empresas gestionadas por trabajadores en la que no se impedía, en principio, la competencia entre las empresas.  Sin embargo, había restricciones  por parte del estado.  Las operaciones empresariales estaban restringidas, se obligaba a contratar sin necesidad a trabajadores, las importaciones estaban restringidas y los ejecutivos eran nombrados por las autoridades políticas.

Los modelos presentes, ni siquiera yugoslavo,  no se ajustaban adecuadamente a la idea de socialismo de mercado, por lo que recibieron críticas. Durante este periodo Kornai denuncia la intervención estatal, los préstamos, precios “blandos” (manipulados desde el estado) y de impuestos “blandos” (fácilmente modificables por los gobiernos) que otorgaban los estados socialistas de forma segura.  Si había algún riesgo de quiebra, se contaba con el rescate de medidas estatales, por lo que el salvamento estaba asegurado  y se carecía de riesgos o incentivos negativos: fueran cuales fueran las actitudes de los directivos de las empresas se quedaban en la misma situación y no se tomaban en serio las directrices centrales porque se hiciese lo que se hiciese siempre acababa la empresa igual.  No iba a haber consecuencias aunque llevase mal las cuentas, ya que siempre sería rescatada la empresa.

Dado que los ejecutivos tienen asegurado su puesto (por pertenencia al partido) y no tienen sanciones ante fracasos económicos de las empresas, ellos carecían de incentivos negativos suficientes como para procurar hacer viables las empresas por sí solas.  Al no haber consecuencias por la seguridad que dan los rescates del estado, no procuraban mejorar el funcionamiento de las empresas porque fuera cual fuese su actitud tendrían el mismo estatus y no se verían perjudicados. Tiene que haber incentivos para que haya un buen funcionamiento de las empresas socialistas, de forma que los ejecutivos obedezcan las reglas del mercado por interés.

En la quinta fase del debate, los partidarios del socialismo de mercado reclaman que se debe eliminar las empresas públicas (en el sentido de control estatal exclusivamente) y los precios no deben ser fijados por planificadores sino por el mercado, dado que el funcionamiento de la planificación con empresas estatales no generan incentivos suficientes como para que los ejecutivos se esfuercen por lograr una mayor productividad y crecimiento económico.

El modelo de socialismo de mercado descrito seguía siendo socialista porque la propiedad de las empresas no era planteada como privada (no podrían haber clases poseedoras y dominantes) y la distribución de los beneficios sería relativamente igualitaria.  La propiedad sería colectiva, las empresas pertenecerían a las personas trabajadoras que realizan su actividad productiva en ella. Por un lado, este tipo de empresas serían gestionadas por los empleados a través de comités representativos u otras instituciones, y, por el otro, las empresas competirían entre sí.

Tiene como característica de mercado la ausencia de planificación y la competitividad entre empresas. Pero se puede seguir llamando socialistas  por su régimen de propiedad, su gestión de la empresa, así como su distribución igualitaria de los beneficios.  En un modelo económico de socialismo de mercado no cabría la posibilidad del surgimiento de personas privilegiadas que gozasen de mayores oportunidades para el alcance de los puestos altos.  Nadie tendría capacidad para situarse por encima del resto imponiendo sus condiciones, creando formas de dependencia y subordinación e impidiendo que haya igualdad de poder sobre las decisiones empresariales.

Roemer entiende que el socialismo de mercado es una alternativa viable (en la competitividad del mercado hay gran capacidad de innovación y el crecimiento económico suele ser estable) al socialismo estatalista o de economía planificada.  Es un modelo que tiene en cuenta el carácter e intenciones de las personas del presente (compuestas por deseos acerca de ganancias personales), ya que tendría en cuenta la necesidad de incentivos en las empresas.

Un socialismo de mercado podría ser establecido a través de cambios progresivos políticos y económicos, resultado de la lucha obrera (parones, manifestaciones, huelgas) y de alianzas entre partidos socialdemócratas, partidos socialistas, sindicatos y movimientos sociales.

Roemer, en cualquier caso, ve tres posibilidades de socialismo de mercado: 1) una estructura económica compuesta por empresas gestionadas por trabajadores (EGT: cooperativas o formas de propiedad colectiva de las empresa por los trabajadores); 2) gestión tradicional pero con distribución igualitaria y sin propiedad privada; 3) propuestas que no contemplan cambios en derechos de propiedad.

Las EGT están gestionadas por los trabajadores. Las decisiones de la empresa las toman los trabajadores. Ellos controlan la distribución de beneficios a través de sus órganos de poder, sean asambleas, consejos u otras formas de dirección. En principio, la asignación percibido por cada trabajador es una participación en los ingresos netos de la empresa.  Por consiguiente, contarían con incentivos para la producción en tanto, por un lado, cuantos más beneficios haya, mayor será la retribución de cada trabajador, y, por otro lado, procurarán que la empresa sea estable y no tenga pérdidas porque sino tendrían que ser subsanadas con sus ingresos.

A pesar de sus supuestas virtudes, Roemer indica que el principal problema que se presenta en este tipo de empresas es su financiación.  Los trabajadores no deberían autofinanciarse por su poca cantidad de ingresos para invertir y sus pocas posibilidades para ajustarse a los riesgos. Si pidiesen créditos para materiales y maquinaria, tendrían poca capacidad para pagarlo a tiempo (hasta la elaboración de los bienes y servicios) y los intereses serían difíciles de cubrir.

Los autores Jaques Drèze, Marc Fleurbaey y Thomas Weiskopf hicieron propuestas para resolver este problema.  Fleurbaey propone que las EGT se financien por créditos bancarios de bancos que también son EGT.  Los ciudadanos depositarían sus ahorros en dichos bancos, aunque no tengan capacidad para comprar las acciones de las empresas. Los trabajadores y los bancos compartirían el control de la empresa.  Weisskopf, por su parte, defiende que se mantendrían si fuesen financiadas por la emisión de acciones en bolsa, por medio de lo cual los ciudadanos podrían adquirir acciones de fondos mutualistas (que adquirirían acciones de las empresas), aunque sin derecho a voto (por lo que la soberanía de las empresas recaería sobre los trabajadores).  Por último, Drèze describe que los trabajadores deberían firmar contratos con proveedores de capital para compartir el control de algunas decisiones.

En las propuestas realizadas, el salario de los trabajadores ya no supone una participación en los ingresos de la empresa, variando el sueldo según la fortuna de la empresa.  Drèze indica un modo por medio del cual los trabajadores estarían protegidos por contingencias perjudiciales de la fortuna.  Se lograría separando el salario en dos partes: una fija pagada directamente a cada trabajador y otra parte, variable según las circunstancias, que estaría invertida en un fondo de seguridad social nacional.  A través de este método, los trabajadores contarían con una base segura. Las pensiones serían financiadas por un fondo expuesto solo a un riesgo agregado a la economía.  Dicho riesgo no amenazaría seriamente a los trabajadores y ese hecho les proporcionaría seguridad y confianza respecto a su empresa gestionada de forma autónoma por ellos mismos.  Lo cual, entraña que continuarían en acción colectiva en dicho proyecto con buena disposición por carecer de dudas e incertidumbres acerca de su viabilidad o sus posibles riesgos.

A pesar de que se han buscado soluciones a los posibles problemas que puedan surgir en las EGT, Roemer entiende que todavía hay uno sin forma de corregirlo.  Según el autor, las EGT podrían no maximizar el ingreso por trabajador, ya que no se han estudiado las propiedades de eficiencia del equilibrio en el caso de que todas las EGT maximizaran la ocupación. Aunque ella sea sujeta a un mínimo nivel de renta, en una empresa EGT prima el aumento de empleados sobre los ingresos particulares, ya que así se logra una mayor producción global.

La segunda posibilidad que contempla Roemer procura resolver la mencionada problemática de mantener la tendencia empresarial a la maximización de los beneficios.  Consiste en la presencia de empresas no privadas, pero con un director elegido por un consejo de administración.  No serían dirigidas las empresas democráticamente, pero la distribución de la renta sería más igualitaria.

El autor Bardhan propuso su versión de este modelo para intentar resolver el problema de la restricción presupuestaria blanda de las economías del Este.  Él divide las empresas en grupos.  Las empresas de un grupo poseen acciones de otro grupo y viceversa.  Los dividendos que una empresa recibe de una empresa a otra se dividen entre sus trabajadores.  Los grupos están vinculados a un banco principal que se ocupa de obtener capital para las empresas y controlar a los ejecutivos.  A través de esta estructura, se contaría con los incentivos adecuados: las empresas y los bancos principales procurarían que los demás grupos sigan estratregias maximizadoras.  Al compartir beneficios, los bancos y grupos intentarán que todas las estrategias sean productivas, de forma que todas procurarán producir más con el fin de que el resto les corresponda y se logre un beneficio mutuo.

Roemer tiene otra versión de este modelo. Propone  que las empresas también sean financiadas por créditos de la banca pública, responsable de controlar la gestión empresarial.  Los beneficios se distribuyen entre los accionistas, solo que los accionistas son los propios trabajadores y otros ciudadanos que no pueden llegar a ser de la clase alta.

Al comienzo, el estado distribuye un número fijo de cupones o vales para ciudadanos adultos.  Se usan para adquirir acciones de las empresas (ya que no se pueden comprar con dinero regular, sino que se tiene derecho a obtenerlas por medio de cupones).  La posesión de una participación en una empresa (por tener acciones) otorga el derecho al ciudadano a participar en los beneficios de la empresa (un derecho exclusivo, dado que no se pueden vender por dinero ni acciones ni cupones).  Las participaciones de una empresa solo pueden ser intercambiadas por participaciones en otras, a precio de cupón (de esta manera, los precios en la bolsa de cupones oscilarán de la misma manera que varían en un mercado de valores regular).

Se requiere los cupones de muchas personas para adquirir una empresa, por lo que, lógicamente, ninguna persona podría acaparar el poder suficiente como para ejercer una influencia (o tenga el poder suficiente) como para generar formas de dependencia que lo sitúen por encima de los demás.  Es decir, se imposibilitaría la presencia de clases sociales y se tendería a una organización económica y social sin jerarquías, en la que no se impida una distribución de los recursos más igualitaria.

Como ya se ha indicado, las empresas estarían organizadas en torno de un pequeño número de bancos principales (similares a los keiretsu japoneses). Ellos serían los principales responsables de organizar consorcios crediticios encargados de financiar las operaciones de las empresas de su grupo.  De alguna forma, serían responsables de controlar a esas empresas.  El banco tendría incentivos para controlar seriamente a las empresas de su grupo, dado que si ellas logran beneficios (si son rentables y estables), entonces podrán devolver los préstamos concedidos.

De esta forma, la economía de cupones supone la combinación de los mercados de valores con el control institucional a través de los bancos.  De esa manera, se puede conseguir que los bancos puedan influir sobre las empresas más allá de los avatares de la bolsa, capacitándoles a superar los problemas de la bolsa.  Este hecho hace, por un lado, que las empresas con directivos sean estables, por tener capacidad de maniobra más allá de las eventualidades del mercado; y, por otro lado, hace que la economía sea un poco más democrática, dado que los consejos de administración de los grandes bancos públicos serían elegidos por los ciudadanos residentes en la zona de radicación del banco (según la sugerencia de Pollin).

Otro aspecto que hace que las empresas de cupones sean eficientes es la presencia de incentivos en la productividad.  Reciben incentivos por medio del reparto (sobre todo) a los trabajadores de los beneficios y por proporcionar el incremento de la renta nacional, lo cual beneficiaría a toda la sociedad (y a cada trabajador en particular) por recibir ingresos de los beneficios del sector público.

De esta forma, los trabajadores procurarían la mayor productividad de las empresas por percibir parte de los beneficios (en función de su posesión de cupones o participaciones) y porque el aumento de la renta nacional de su estado le supone ganancias añadidas y estabilidad de la economía (dado que los bancos son públicos y sostienen a las empresas).  En este tipo de régimen económico y social, el interés general produce un beneficio particular a cada persona particular que genera motivación como para aceptarlo e interiorizarlo como propio (por interés) y participar activamente dentro de él para mantenerlo y fortalecerlo.  El comportamiento social, por tanto, tenderá a la productividad y al crecimiento económico, con una cierta noción de comunidad, dado que los intereses particulares y los generales quedarán aunados (puesto que el beneficio total redunda en mayores ganancias particulares a cada accionista-ciudadano).

El tercer modelo propuesto tiene dos versiones, la ideada por Fred Block y la diseñada por Joshua Cohen y Joel Rogers.  Block describe una serie de medidas por las cuales el poder de los ricos en la vida económica y política se verá reducido (la política se ve demasiado influenciada por el poder de los agentes financieros, según Block).  Gracias a ellas se permitirá la igualación gradual de la renta y la riqueza a través de una política fiscal progresiva.

Hay dos medidas para conseguirla.  La primera es el aumento drástico del nivel de competencia en los mercados de capitales.  Se tiene que hacer este cambio porque se tiene que corregir el hecho de que el gran poder económico de una pequeña clase de propietarios ricos en EEUU, entre otros países, se derive de las prácticas no competitivas de los grandes bancos, entre ellas las huelgas estratégicas de capital.  La otra medida es un cambio en la estructura de gobierno de empresas y bancos.  Se lograría a través de la legislación, modificando la estructura de los consejos de administración de las empresas, de forma que un 35% de ellos fueran empleados, un 35% de propietarios activos y un 30% de otras personas -consumidores o ciudadanos locales-.

Por un lado, aumentaría la competencia por leyes que limitaran la amplitud y la brusquedad de los movimientos de capital a través de las fronteras (ejerciendo cierto control respecto a las grandes empresas, evitando tendencias monopolísticas); se incrementaría la competencia en el sector financiero creando una serie de bancos semipúblicos -comerciales y de inversiones-, que intervendrían en el mercado, fomentando una mayor competitividad.

Y por otro lado, el cambio en los organismos de las empresas, componiéndolos con una porción de los empleados y otra de consumidores, permitirá que la influencia de las clases altas no sea absoluta y no puedan ostentar tanto poder como para tener un poder de clase sobre las demás clases sociales.  De esa forma se impide que las dependencias hacia los estratos altos de la sociedad no sean tan grandes y que no influencie tanto a la política.  Así, las clases bajas tendrían cierto poder sobre las decisiones de las empresas y sobre la política, de forma que progresivamente puedan plasmarse sus propuestas.  Una de esas propuestas puede ser procurar una distribución de los recursos más igualitaria.

Es dudoso que los propietarios permitan ceder su poder.  No tienen ningún motivo para permitir este término medio entre capitalismo y socialismo: va contra sus intereses, por lo que no consentiría estas reformas. La principal debilidad de esta propuesta es que es menos capaz de quebrar el poder de los ricos en la vida económica, comparado con las dos anteriores propuestas.  Por lo que se puede deducir que tendría serias dificultades por estabilizarse dadas las presiones que ejercerían las clases altas para eliminar estas reformas.

Cohen y Rogers, por su parte, defienden un sistema de “democracia asociativa”. Es decir, abogan por robustecer el papel de las organizaciones de ciudadanos (colectivos ecologistas, asociaciones de consumidores, sindicatos y otras) de forma que ejerzan presión sobre las empresas, fomentando que cambien de actitud.

A pesar de que el derecho de propiedad legalmente no cambie, el poder de las empresas se modificaría a medida que las asociaciones ejerzan influencia sobre ellas.  No existiría un único poder sobre las empresas (el del propietario), ni sería posible un grupo social específico (clase) que ejerciera el poder sobre asuntos económicos en exclusiva y, por tanto, sobre los demás.

El modelo Cohen-Rogers es un modelo de negociación, en el que se pretende que todas las partes afectadas puedan dialogar en igualdad entre ellas de forma que lleguen a acuerdos, evitando la competitividad entre las partes y el faccionalismo ciego (tender a buscar que se satisfagan las peticiones de cada facción, cerrarse en las posiciones y no ceder).

La propuesta de Cohen y Rogers no resulta factible por su falta de concreción.  No especifica cómo podría aunarse a las diferentes asociaciones de intereses diferentes y formadas por personas y organismos distintos.  No explica cómo podrían unirse de forma que supongan un poder lo suficientemente grande como para que presionen a los directivos de las empresas.

Lo mismo se podría señalar acerca de la propuesta de Block, que no señala quién sería capaz de realizar la tarea de aunar a las asociaciones de consumidores y a los empleados.  Tampoco indica cómo podrían resistir a las presiones de las clases altas por revocar las reformas, cuyos intereses son opuestos a reducir su poder puesto que tendrían menos influencia para tomar decisiones que satisfagan sus intereses particulares.

Sin embargo, ambas propuestas parten de instituciones presentes y conforman, así, un medio realista para el tránsito del capitalismo a una economía más democrática.  Son propuestas viables ya que tienen un plan de transición verosímil por partir de elementos existentes en la sociedad actual, a partir de los cuales se puede tender a la lucha y construcción de otro tipo de sociedad.

Según Roemer, quizás sea posible la realización legal de estos modelos si la socialdemocracia aunase fuerzas con un movimiento sindical tan altamente disciplinado como para lograr que los trabajadores acepten los acuerdos alcanzados tras la lucha obrera, y que tuviese un movimiento unificado y homogéneo.

Es decir, sin capacidad de presión los empresarios no se sientan a negociar (por no haber motivos para ceder, dado que la otra parte no tiene capacidad de coacción) y sin capacidad de cumplir los convenios, los capitalistas no están dispuestos a negociar.  No lo hacen porque carecen de incentivos para hacerlo, puesto que consideran inútil hacerlo dado que no ven creíble que la otra parte vaya a realizar su parte del trato.

Según Karl Moene y Michael Wallerstein, se debilitaron los pactos socialdemócratas en la democracia social sueca durante los años setenta y ochenta por la dispersión de los sindicatos y la carencia de un frente unido en la negociación a escala nacional.  Por lo que se puede deducir que las políticas socialdemócratas suelen necesitar contar con una base social que las respalde y permitan su estabilidad.

En todos los modelos expuestos, el estado puede tener un papel en la economía como asistencial, ofreciendo apoyo y ayuda a los diferentes modelos. Por un lado, el estado asiste a la sociedad por  la distribución de la renta por medio de ayudas sociales o subsidios de desempleo -el paro seguiría existiendo por los avatares del mercado-.  Por otro lado, puede otorgar incentivos a empresas, fomentando programas reciclaje de trabajadores en paro, y puede dar subvenciones para ayudar a las empresas.

Roemer identifica tres formas de intervención estatal: 1) la inversión pública en investigación, desarrollo (de forma que se logren mejoras tecnológicas) y educación (formando trabajadores cualificados y eficientes para las empresas); 2) construcción de bienes públicos que faciliten el transporte de mercancías y trabajadores haciéndolo más rápido (aeropuertos, carreteras…); 3) compensaciones a la incompletitud de los mercados (inversión pública a empresas en apuros, otorgamiento de subvenciones a empresas…).

Es un tipo de intervención en el que, en principio, el estado no dirige la economía, sino que sobre todo la auxilia o la fomenta. En este tipo de estado solo hay una planificación limitada y puntual en los casos en los que ocurre fallos en el mercado (ofreciendo subvenciones o inversiones estatales a empresas en problemas bajo unas determinadas condiciones).

En este sentido, es posible la realización de una cierta planificación estatal limitada, sin menoscabo del libre mercado.  Oskar Lange diseñó una planificación de este tipo mediante la aplicación de descuentos sobre el tipo de interés y tipos impositivos, gracias a la cual las empresas se vean motivadas a invertir en  sectores de la economía que necesitan ser equilibrados.

A través de este mecanismo, se dan indirectamente unas directrices indirectas (incentivos) a las empresas para que adquieran una determinada cantidad de bien de inversión para lograr un equilibrio de mercado: una vez satisfecho la oferta puede igualar a la demanda en los demás mercados.  O bien, de forma directa, el estado adquiere en el mercado abierto el bien de inversión mencionado y lo da a las empresas en determinadas cantidades y de forma equitativa (prohibiendo que las empresas vendan a otras empresas la donación de la inversión), logrando de nuevo el equilibrio de mercado y sin un control directo de las empresas.

El tipo de estado deberá ser democrático, de forma que se dificulte la posibilidad de una gran intervención estatal de la economía (más propia de dictaduras que procuran tener el mayor poder y control).  Cuanto más participativa, mejor; en tanto en cuanto de dicha manera el poder de las clases populares (clase trabajadora, asociaciones de consumidores, movimientos sociales…) puedan ser ejercidos y se limiten las clases jerárquicas.

Dicha intervención estatal limitada por la participación popular quizá pueda ayudar a sustentar los distintos modelos de socialismo de mercado.  Todos ellos presentan problemas y cabe preguntarse si podrán resolver tantas dificultades, pero tal vez las ayudas estatales podrían fortificarlos.

– Bardhan, Pranab &  Roemer, John E.  1992: “Market Socialism: A Case for Rejuvenation”, Journal of Economic Perspectives

-Block, Fred 1992: “Capitalism without Class Power”, Politics and Societiy, 20

-Cohen, Joshua & Rogers, Joel  1993: “Associative Democracy”, in Pranab Bardhan y John E. Roemer (eds.), Market Socialism: The Current Debate, New York: Oxford University Press

-Drèze, Jean  1993:   “Self-management and Economic Theory: Efficiency, Finance and Employment”, in P. Bardhan y J. Roemer, (eds.), Market Socialism: The Current Debate.  New York: Oxford University Press

-Drèze, Jean  1989: Labour Management, Contracts, and Capital Markets, New York: Oxford.

-Fleurbaey, Marc   1993: “An Egalatarian Democratic Private Ownership Economy”, in Pranab Bardhan y John E. Roemer (eds.), Market Socialism: The Current Debate, New York: Oxford University Press

-Hayek, Friedrich A. 1940:“Socialist Calculation: The competitive ‘solution’”, in: Economica

-Kornai, János  1993: “Market Socialism Revisited”, in Pranab Bardhan & John E. Roemer, (eds.), Market Socialism: The Current Debate. Oxford University Press: New York

-Lange, Oskar R.  1956: “ On the Economic Theory of Socialism”, in Benjamin E. Lippincott (ed.),  On the Economic Theory of Socialism”. University of Minnesota Press: Minneapolis

-Moene, Karl O., & Wallerstein, Michael  1993: “What’s Wrong with Social Democracy?”, in Pranab Bardhan & John E. Roemer, (eds.), Market Socialism: The Current Debate.  New York: Oxford University Press

-Palacios, C. R. 1983 “Problemas macroeconómicos de los países socialistas”, in: Juan Manuel Prado (ed.), Enciclopedia práctica de economía, Volumen III. Barcelona: Ediciones Orbis.

-Pollin, Robert  1993: “Public Credit Allocation through the Federal Reserve: Why It Is Needed; How It Should Be Done”, in Gary Dymski, Gerald A. Epstein & Robert Pollin, (eds.), Transforming the U.S. Financial System: An Equitable and Efficient Structure for the 21st Century.  Amherst: University of Massachusetts

-Roemer, John E.  1995: Un futuro para el socialismo. Traducción: Antoni Domenech.  Barcelona: Editorial Crítica

-Vergés i Jaime, Joaquim 1983: “La empresa socialista”, in: Juan Manuel Prado (ed.), Enciclopedia práctica de economía,  Volumen V.  Barcelona: Ediciones Orbis

-Weisskopf, Thomas  “A Democratic-Enterprise-Based Socialism” (1993), in Pranab Bardhan y John E. Roemer (eds.), Market Socialism: The Current Debate.  New York: Oxford University Press

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